MADRID. A. Polo
Economía quiere emancipar a Renfe de los Presupuestos Generales del Estado. Los planes a medio plazo para la compañía pasan por su saneamiento previo y posterior privatización, hecho que se producirá a partir del año 2004. Más allá de la enajenación de Renfe está en juego el nuevo modelo de ferrocarril, en el que la competencia privada tendrá un papel relevante.

Renfe cuesta todos los años al Estado en torno a 250.000 millones de pesetas. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, quiere que la compañía pública deje de suponer una carga para las finanzas públicas. Así se lo ha encargado al secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, quien se ha negado a dar un cheque en blanco en los próximos cuatro años al presidente de Renfe, Miguel Corsini. Esta es la razón por la cual el último contrato-programa se ha limitado al periodo 1999-2000.
En este espacio de tiempo el Ministerio de Economía quiere poner las bases para llevar a cabo un plan de saneamiento, destinado a desvincular a Renfe de los Presupuestos Generales, que concluiría en el 2004. A partir de ese año el objetivo es privatizar la empresa y sacarla a Bolsa.

EL GIF, A ESCENA
Para concluir con éxito este plan es necesario que toda la construcción, mantenimiento y gestión de infraestructuras ferroviarias se traspase al ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), permitiendo de esta forma a Renfe liberarse de una deuda que asciende a 1,2 billones de pesetas, y centrarse en el desarrollo de negocios rentables como la alta velocidad (AVE), la fibra óptica o la creación de transportes integrados.
El fin que se persigue con esta estrategia es que el GIF se haga cargo de todas las vías, estaciones y catenarias, algo similar a lo que sucede con las carreteras nacionales, cuyo coste de construcción y mantenimiento lo asume el Estado, que sería el responsable de la explotación. De esta forma Renfe pasaría a convertirse en un simple usuario que paga por su uso, compitiendo con otras compañías nacionales e internacionales.
El pasado 29 de octubre el Consejo de Ministros aprobó inyectar 446.693 millones de pesetas de las arcas públicas a la compañía ferroviaria para el periodo 1999- 2000. De este montante más de 300.000 millones son inversiones, entre las que destacan los 111.750 millones de pesetas que serán destinados a la compra de nuevos trenes de alta velocidad para cubrir el trayecto entre Madrid, Barcelona y la frontera francesa.
Al «nuevo contrato del siglo», que será convocado después de las elecciones generales de marzo, optarán la alemana Siemens, la francesa Alshtom y la española Talgo, que por razones técnicas no participó en el concurso público que Renfe dispuso a finales de la pasada década para adquirir el material rodante de la línea Madrid-Sevilla.
El contrato-programa aprobado por el Gobierno, que ha supuesto un año de difícil negociación tripartita entre la compañía y los ministerios de Economía y Fomento, incluye el desarrollo de los trenes de cercanías, a los que se destinarán 63.000 millones de pesetas en los dos próximos años. La gestión de infraestructauras y los gastos financieros absorberán 241.000 millones de pesetas, el plan de viabilidad 74.500 millones y los gastos financieros de la deuda por cuenta del Estado 32.400 millones de pesetas.

Reducción de empleo. El contrato prevé una reducción de empleo que afectará a 400 personas en el año 2000. Este descenso en el número de trabajadores permitirá dejar la plantilla de la compañía en 34.229 personas, ajuste que llevará a cabo mediante bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas que ya han sido pactadas con las centrales sindicales mayoritarias.
El acuerdo sellado recientemente con el Gobierno faculta a la compañía pública para cerrar alianzas estratégicas y desarrollar negocios conjuntos con empresas privadas, que permitan optimizar sus recursos y poner en marcha oportunidades de negocio rentables.